Uno de los impactos directos de la propagación del coronavirus COVID-19 es un desafío a los derechos humanos. La pandemia no solo creó y sigue creando problemas de salud, desafíos económicos, crisis políticas y conflictos sociales en todo el mundo, sino que también afecta los derechos y libertades individuales. Los derechos humanos se enfrentan a violaciones como detenciones arbitrarias, discriminación, censura y xenofobia. Los derechos fundamentales que pueden estar involucrados en esta pandemia son, entre otros, el derecho a la privacidad, el derecho a la libre circulación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la no discriminación, la libertad de reunión y expresión, el derecho a la información y derecho a la atención médica.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado multilateral adoptado por la mayoría de los países, y la Asamblea General de las Naciones Unidas (1966) hace hincapié en que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud física y mental. Con base en este tratado, los Estados están obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, tratar y controlar cualquier epidemia, pandemia y otras enfermedades. Por tanto, el derecho a la salud está íntimamente ligado a otros derechos humanos, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 .
Libertad de expresión
Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que implica el derecho a no preocuparse por sus opiniones.
La libertad de opinión y expresión se considera un derecho humano fundamental, como la libertad de información y la libertad de prensa, que sienta las bases de todos los demás derechos. Algunos estados declaran el estado de emergencia en respuesta al COVID-19. Estas medidas excepcionales crearon un entorno para limitar la libertad de expresión.
En el contexto de COVID-19, un gran número de periodistas y actores de los medios de comunicación de todo el mundo se ven impedidos de realizar sus funciones, especialmente cuando se trata de estadísticas sobre las causas de muerte por la pandemia.
El derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, exige que las restricciones a los derechos humanos por razones de salud pública o emergencia nacional se ajusten a la ley, sean necesarias y proporcionadas.
Derechos a la privacidad y la vida personal
La protección de la privacidad también afirmada por la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El artículo 12 establece que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada. Este derecho incluye la confidencialidad profesional y médica, la protección de la privacidad y la protección de la confidencialidad de la información del paciente. La respuesta del gobierno a la pandemia COVID-19 puede requerir medidas restrictivas que controlen la vida de las personas y afecte directamente las libertades fundamentales y los derechos humanos, específicamente el derecho a la protección de datos. En este sentido, es fundamental recordar que la protección de datos no puede, en ningún caso, constituir un obstáculo para salvar vidas humanas. Sin embargo, algunos países utilizan estos datos para restringir la libertad individual.
Es fundamental saber cómo crear un equilibrio en la recopilación y el procesamiento de datos personales con fines de salud pública mundial sin correr el riesgo de un impacto desproporcionado en los derechos a la privacidad y la vida personal.
Xenofobia y racismo
El racismo contra los asiáticos, especialmente contra los chinos, está aumentando desde el comienzo de Covid-19. Reemplazar el “virus chino” mundial en lugar del “coronavirus” es una manifestación creciente de racismo de diferentes orígenes. Han sido objeto de amenazas racistas e intimidación en lugares públicos y en línea, así como de actos de violencia física. Según el principio de los derechos humanos fundamentales, nadie debe sentirse amenazado o rechazado por su raza, color de piel u origen.
En esta situación, la xenofobia y el racismo no son solo una violación de los derechos humanos. También consideraron una amenaza para la seguridad nacional. Por estos motivos, queda mucho por hacer para garantizar que COVID-19 no agrave las desigualdades raciales a nivel nacional e internacional.
Restricción y control de fronteras
Durante la actual pandemia de Covid-19, algunos gobiernos están tomando medidas excepcionales para controlar sus fronteras y limitar la propagación del virus. Es fundamental lograr un equilibrio entre la seguridad del Estado y los derechos humanos para respetar plenamente el estado de derecho. Incluso en una emergencia real, debe dominarse el estado de derecho. En el contexto de graves amenazas a la salud pública y el evento de emergencias públicas que amenacen la seguridad nacional, las restricciones a los derechos individuales pueden estar justificadas si tienen una base legal y son estrictamente necesarias.
Esta situación excepcional debe basarse en evidencia científica, limitada por la duración del tiempo, respetuosa de la dignidad humana, sujeta a examen y finalmente debe ser proporcional.
Supresión de información
El libre acceso a la información se considera un derecho humano. El derecho a la información es fundamental para el cuidado de la salud de las personas en todo el mundo y debe ser accesible durante la crisis del COVID-19. Las restricciones al acceso a la información sanitaria constituyen violaciones de los derechos humanos.
Con base en la gravedad de la actual crisis de salud global, la aplicación de poderes de emergencia de los Estados está autorizada por el derecho internacional en respuesta a amenazas significativas. Sin embargo, cualquier medida que se adopte para limitar y suprimir la información debe ser proporcionada, no discriminatoria y crucial.
Condiciones de vida de refugiados y detenidos
Los esfuerzos de los Estados para combatir el coronavirus pueden no ser suficientes para proteger la salud de los refugiados y detenidos en un rincón diferente del mundo. Existen serias preocupaciones sobre las condiciones de salud de estas personas, como la prestación de servicios médicos. Estas poblaciones vulnerables pueden estar sufriendo enfermedades, lesiones mentales y físicas, además de las graves complicaciones médicas relacionadas con COVID-19.
Los refugiados y detenidos deben tener acceso a la atención médica, social y sanitaria en igualdad de condiciones con la población en general.
Los Estados tienen la responsabilidad de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir el riesgo de abandono y trato degradante de estas personas. Deben desarrollar pautas de higiene y distancia adecuadas a este respecto. En esta perspectiva, el acceso a la atención médica debe ser igualitario y de acuerdo con sus criterios médicos para asegurar que las personas vulnerables no sean víctimas de discriminación médica.
Acceso a la justicia por violencia doméstica
Otro impacto real de COVID-19 en los derechos humanos es el aumento de la violencia doméstica en muchos países. La limitación de la intervención policial, el acceso limitado a la justicia, el cierre de los juzgados, el cierre de los servicios para víctimas y albergues y el acceso reducido a los servicios de salud reproductiva son los principales problemas en la violencia de género contra las mujeres y la violencia doméstica en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Esta situación requiere una mayor promoción y acceso a la justicia.
En este contexto, las poblaciones vulnerables como los inmigrantes, específicamente los inmigrantes indocumentados, necesitan prioritariamente tener acceso a la justicia y refugio durante esta crisis. Por esta razón, el sistema de justicia debe encontrar una solución para atender a las mujeres en riesgo y asegurar su accesibilidad a la justicia y las protecciones legales.
Para concluir , el mundo está experimentando una crisis sin precedentes después de la Segunda Guerra Mundial.
La pandemia de Covid-19 no solo se considera una crisis de salud, sino que también es una crisis humanitaria, socioeconómica, política y de desarrollo que amenaza a toda la humanidad.
La respuesta a esta crisis requiere esfuerzos globales para tomar las medidas adecuadas para reducir los efectos nocivos sobre la seguridad, la atención médica, los alimentos, el agua y el saneamiento de toda la vida humana en el mundo. Las acciones que se tomen en esta situación deben garantizar la atención de la salud a todos y proteger la dignidad humana. También deben basarse en el camino que restaurará la economía, el desarrollo y la paz con un enfoque sostenible. El derecho internacional de los derechos humanos garantiza a todas y cada una de las personas el derecho al acceso a la salud y la atención médica. Obliga a los Estados a tomar medidas para proteger la salud pública y brindar atención médica a sus ciudadanos.
El derecho internacional de los derechos humanos se basa generalmente en los derechos inalienables, universales, interdependientes e indivisibles.
Impone obligaciones a los Estados, especialmente en tiempos de crisis.
Los derechos humanos se aplican a todos sin discriminación alguna. Además, los Estados deben adoptar una política para asegurar que todos los niveles de gobierno, incluida la autoridad ejecutiva, apliquen las medidas estratégicas, legales, reglamentarias, de emergencia y de salud pública que están adoptando para manejar la pandemia de COVID-19 en una perspectiva de derechos humanos. Acercarse.
Las organizaciones internacionales, específicamente las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, tienen un papel crucial que desempeñar para reforzar las normas del derecho internacional o valores universales como el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. El conflicto entre la protección de los derechos humanos y la defensa de la seguridad nacional podría equilibrarse mediante la aplicación del estado de derecho.
Los principios universales de la Carta de la ONU [3] , como el no recurso a la violencia, la solución pacífica de controversias internacionales, el establecimiento de la paz por ley, la lucha contra la pobreza, el respeto de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. a la autodeterminación son más importantes en el contexto de COVID 19.
El Dr. Abbas Poorhashemi es el presidente del Instituto Canadiense de Expertos en Derecho Internacional (CIFILE). Es un experto en derecho internacional. Sus intereses docentes e investigadores se encuentran en las áreas de Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional y Derecho Ambiental Internacional. Ha publicado muchos libros y artículos en cada una de estas áreas. También es el editor en jefe de CIFILE Journal of International Law (CJIL), Canadá.
FUENTE: GLOBALRESEARCH.CA
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